Se implementará una
estrategia de blindaje electoral para los comicios del siguiente año:
Secretario de Desarrollo Social.
Con motivo del Tercer
Informe de Gobierno del Ejecutivo Federal, senadores de la República y el
titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), José Antonio Meade
Kuribreña, analizaron los resultados para combatir el hambre y la pobreza en
México.
En su intervención inicial,
el funcionario dijo que hasta el 2008 la tendencia en los precios de los
alimentos había observado una trayectoria a la baja, pero de ese año a la fecha
“se ha observado un incremento importante sobre todo de la canasta alimentaria,
que refleja, que subyace a la línea de bienestar”.
Ante la Comisión de
Desarrollo Social, Meade Kuribreña afirmó que se ha observado en México “un
proceso de crecimiento de los bienes de la canasta alimentaria y de la canasta
no alimentaria por arriba de los ingresos nominales”, que están generando y
desplazando “la frontera de pobreza hacia arriba”.
Informó que hay 11.4 millones
de mexicanos que generan ingresos por debajo de la línea de bienestar mínimo y
no tienen capacidad de ejercer de manera plena tres o más derechos sociales
fundamentales relativos a la educación, seguridad social, salud, vivienda o
alimentación.
44 millones de personas en
México, agregó, no pueden ejercer alguno de estos derechos y se ubican por
debajo de la línea de bienestar.
Además, solamente uno de
cada diez mexicanos que no están en posición de ejercer ninguno de los derechos
se ubica con capacidad de generar ingresos por arriba de la línea de bienestar,
una realidad en que se encuentran medio millón de personas.
El secretario de Desarrollo
Social también dio a conocer que 22.37 millones de mexicanos presentan rezago
educativo y el sector más importante en el que se tiene que corregir este
problema es en los niños que tienen entre tres y cinco años y no asisten a la
preprimaria.
En materia de vivienda,
agregó, se ha avanzado mucho en dotar a la vivienda en México de estructuras
firmes, techo, piso y muros, pero continúa “una realidad de hacinamiento que
lastima y que vulnera, y que genera para el mexicano que la vive diferentes
tipos de fragilidades que van desde violencia hasta la incapacidad de
aprovechar ese espacio de forma productiva”. Además, existen retos importantes
para garantizar servicios de drenaje, agua y electricidad.
La senadora Lorena Cuéllar
Cisneros, del Grupo Parlamentario del PRD, hizo un llamado para replantear el
rumbo de los programas sociales, pues los datos en esta materia son
“devastadores” y “de permanecer esta dinámica, los 11.4 millones de personas en
pobreza extrema tardarían 664 años para abatir el rezago educativo, 46 años
para contar con servicios de salud y 398 años para acceder a la seguridad
social”.
Dijo que el ingreso es 10
por ciento más bajo que el de 1992 y, pese a la importante inversión para
ampliar la cobertura de servicios, seis de cada 10 personas no cuentan con
seguridad social, dos de cada 10 no tienen acceso a servicios de salud, 22.4
millones presentan rezago educativo y 21.2 millones carecen de servicios en su
vivienda.
A nombre del Grupo
Parlamentario del PVEM, el senador Jorge Aréchiga Ávila afirmó que los
resultados obtenidos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social “son testigo de la reducción de la población en pobreza
extrema”.
Refirió que la Cruzada
Nacional Contra el Hambre ha vinculado programas de dependencias y entidades de
la Administración Pública Federal con el fin de abatir la incidencia de
personas en condición de pobreza extrema, y en este sentido 4.5 de los seis millones
de personas con carencias de acceso a la alimentación cuentan con el apoyo de
este programa.
Por el Grupo Parlamentario
del PAN, el senador Luis Fernando Salazar Fernández señaló que a pesar de la
“insuficiencia de los resultados” para el siguiente año se contempla un recorte
de alrededor de cinco mil millones de pesos para la Secretaría de Desarrollo
Social, un siete por ciento menos en el presupuesto para el ramo de la salud y
la fusión de programas que tienen objetivos distintos.
Dijo que la Cruzada Nacional
Contra el Hambre es uno de los programas que han reportado irregularidades,
como los 845 millones de pesos que siguen sin aclarase y que forman parte de
las observaciones que la Auditoría Superior de la Federación formuló a la
titular anterior, por lo que cuestionó sobre la medidas para la dispersión de
recursos, el uso político electoral y la opacidad en la implementación de los
programas.
La senadora Itzel Sarahí
Ríos de la Mora, del Grupo Parlamentario del PRI, destacó que la transición
digital, con la eliminación del cobro por la larga distancia, es una de las
reformas de la que se esperan grandes resultados, pues además representa contar
con más canales de televisión, a menor costo, y más contenidos.
La legisladora preguntó
cuántos televisores digitales se han entregado, si concluirá el proceso el 31
de diciembre y el estado que guarda esta labor que tiene la Secretaría de
Desarrollo Social con la ciudadanía.
En respuesta, el Secretario
de Desarrollo Social informó que de los 9.7 millones de beneficiarios del
programa para la transición digital, se han notificado a más de 8.3 millones,
lo que permitirá, conforme al calendario, “terminar con todas las
notificaciones en tiempo para que las entregas se den antes de que termine el
año”.
Dio a conocer que ya se
entregaron 6.9 millones de televisores digitales y, “salvo que hubiese un
imprevisto, no hay ninguna duda de que habremos de terminar de notificar en
tiempo, que las entregas se den también en tiempo y que se cumpla con la
obligación que se impuso” para que los beneficiarios puedan recibir el llamado
apagón analógico “con un instrumento que les permitiera sacar el mejor provecho
de ello”.
Meade Kuribreña consideró
que se trata de unas políticas públicas más importantes porque permitirá aprovechar
de mejor manera el radioespectro, generará mayores espacios de comunicación y
mejores condiciones para acceder a Internet, así como la recepción de esta
señal en el domicilio de los más pobres.
Aseguró que la Sedesol
implementará “una estrategia de blindaje electoral” en los comicios del
siguiente año, a fin de transparentar y dar certeza a la sociedad de las
acciones institucionales que habrá de desplegar la dependencia.
En 2016, refirió, habrá
elecciones ordinarias en 14 entidades federativas y se elegirá a 13
gobernadores, 388 diputados locales y 965 ayuntamientos; son estados, destacó,
que concentran al 37 por ciento de los pobres moderados del país y al 42 por
ciento de los pobres extremos a nivel nacional.
“Habremos, como se ha hecho
en el pasado, de entregar anticipadamente los recursos en zonas prioritarias,
el programa de apoyo alimentario y de 3x1, para que no se hagan entregas de
estos programas puntuales al inicio de la campaña”.
“Habremos de continuar, como
se ha hecho en otras ocasiones, pensando sobre todo en los derechos humanos de
la población que atendemos con los programas de comedores, pensión de adultos
mayores, estancias infantiles, DICONSA, LICONSA y el seguro de vida a jefes de
familia”, expresó.
Pero, acotó, de cara a la sociedad
y de forma transparente, se constituirán comités en donde “pediremos el
acompañamiento no solamente a la Función Pública sino incluso a PGR, para
asegurar que no haya un solo funcionario de la Secretaría que respecto de estos
programas y respecto de esta atención haga un uso electoral”.
Rabindranath Salazar
Solorio, senador del Grupo Parlamentario del PRD, consideró que con los dos
millones de pobres más “es evidente que los programas no están funcionando”,
por lo que coincidió en que se requiere un cambio de rumbo en la implementación
de la política social.
La senadora Martha Elena
García Gómez, del Grupo Parlamentario del PAN, recordó que de acuerdo con el
nuevo paradigma que mandata la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes, las autoridades de los tres niveles de gobierno tienen la
obligación de reconocer a las niñas, niños y adolescentes como titulares de
derechos y esto debe reflejarse en la política de desarrollo social.
Blanca Alcalá Ruiz, del
Grupo Parlamentario del PRI, precisó que la Cruzada Nacional Contra el Hambre
se trata de una estrategia para coordinar a las dependencias del gobierno
federal. Además, reconoció que existen esfuerzos loables en esta materia, pero
tal vez dispersos, que podrían potenciarse de manera más sólida.
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