En comisión de Justicia y Seguridad Pública, sus integrantes aprobaron por unanimidad las modificaciones al Código Penal del Estado, en materia de Delitos Informáticos, con sanciones de seis meses hasta dos años de prisión a quien, por beneficio propio o ajeno, modifique, destruya o provoque la pérdida de información contenida en sistemas o equipos de esta índole protegidos por algún mecanismo de seguridad, entre otras.
En el proyecto de dictamen para la adición del capítulo VI a la mencionada norma, se agregó la propuesta de Silvia López Escoffié (MC), para que en caso de acceder a sistemas y equipos de informática, sustraiga información, obstruya, entorpezca, obstaculice, limite o imposibilite la procuración o impartición de justicia, fueran cometidos por un servidor público, se retire de su actual cargo y se inhabilite de manera permanente para ocupar otro, en concordancia con las reformas constitucionales en la materia.
De la misma forma, el presidente de la Junta de Gobierno, Felipe Cervera Hernández (PRI) propuso que en el artículo 243 bis séptimo, se añada que se sanciones a quien facilite a un tercero que no cuente con autorización, para sustraer información para beneficio personal o ajeno, porque castigaba solo al que contaba con autorización para acceder.
“Una cosa es que acceda y otra cosa es que permita el acceso”, aclaró.
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