Las autoridades educativas federales y estatales deberán crear programas que capaciten a profesores con estudiantes especiales y aptitudes sobresalientes
Los profesores de Yucatán y de todo el país serán capacitados, asesorados y apoyados para que los alumnos con discapacidad reciban una educación que permita su plena inclusión y participación en la sociedad.
La Cámara de Diputados aprobó hoy la creación de programas y acciones dirigidos a los maestros que atiendan estudiantes especiales y con aptitudes sobresalientes, para garantizarles las mismas oportunidades que el resto de los niños y jóvenes del país.
Para tal efecto serán destinados recursos al presupuesto de la Federación y de los estados para que esto empiece a ser realidad, subrayó el diputado federal yucateco Francisco Torres Rivas.
El integrante de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos del Congreso federal informó que se reformó la ley para precisar con claridad los derechos de los alumnos que requieren educación especial.
Torres Rivas subió a la máxima tribuna del país para manifestar que el 1.6 por ciento de los niños mexicanos tiene alguna discapacidad y es de los grupos vulnerables más rezagados debido a la actitud y al entorno social.
“Eso ocasiona que más del 60 por ciento no logre finalizar sus estudios de primaria, negándoles la posibilidad de aumentar sus capacidades”, señaló, pues el sistema educativo actual no está preparado.
Con las reformas realizadas hoy a la Ley General de Educación, indicó “Panchito” Torres, se pone a la par con diversos tratados internacionales y el siguiente paso es ponerlo en marcha en todas las escuelas una vez que lo apruebe el Senado.
“Para la Organización de las Naciones Unidas, las personas con discapacidad son la minoría más amplia del mundo y suelen tener menos oportunidades económicas y de educación”, señaló Torres Rivas.
En los niveles de educación básica, normal, media superior y superior, las autoridades educativas deberán establecer –en un plazo no mayor a 180 días- criterios generales para realizar los ajustes razonables que garanticen la educación inclusiva, con atención al principio de progresividad.
También se ordena a las autoridades educativas instrumentar programas y acciones que cumplan lo previsto en este decreto, con base en lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 4 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Este numeral aborda aspectos sobre los derechos económicos, sociales y culturales, así como la cooperación internacional.
El documento fue turnado al Senado de la República para su ratificación y posterior entrada en vigor.
No hay comentarios:
Publicar un comentario